Tasa minera enciende el debate: Noboa prioriza control y legalidad sobre inversiones

El Gobierno confirmó que no dará marcha atrás en la implementación de la tasa de fiscalización minera, la cual entrará en vigencia en julio de 2025. Esta decisión se mantiene a pesar de la férrea oposición expresada por la Cámara de Minería del Ecuador, que considera que este nuevo cobro podría frenar la inversión y desincentivar la exploración en el país. Desde el Ejecutivo se argumenta que la medida es necesaria para garantizar una mayor supervisión estatal sobre las concesiones mineras vigentes y enfrentar con más fuerza la creciente minería ilegal.

La tasa de fiscalización será aplicada a todas las concesiones mineras legales del país y busca recaudar fondos para financiar inspecciones técnicas, auditorías ambientales y operativos de control. Según el Ministerio de Energía y Minas, esta herramienta permitirá fortalecer la capacidad institucional del Estado para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, tributarias y ambientales por parte de las empresas mineras. Además, será clave para apoyar acciones en campo en zonas críticas donde prolifera la minería ilegal, especialmente en provincias como Imbabura, Zamora Chinchipe y Esmeraldas.

El sector minero privado ha advertido que la imposición de esta tasa puede tener efectos contraproducentes. En un pronunciamiento reciente, la Cámara de Minería aseguró que la nueva carga económica se suma a un entorno de creciente inseguridad jurídica y riesgos operacionales, lo que podría alejar a potenciales inversionistas y ralentizar los proyectos de exploración y explotación. “La industria minera formal ya realiza importantes contribuciones económicas al Estado; sumar más obligaciones sin incentivos podría resultar en la paralización de proyectos claves para el desarrollo”, señaló el gremio.

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, firmó además el acuerdo ministerial que oficializa la reapertura del catastro minero, una medida largamente esperada por el sector. Con este paso, se habilitará nuevamente el sistema que permite el registro y otorgamiento de nuevas concesiones mineras, congelado desde 2018. El Ejecutivo defiende que la combinación de un catastro transparente y una fiscalización efectiva ayudará a ordenar el sector, atraer inversiones responsables y frenar el avance de actividades extractivas ilegales que afectan al ambiente y a las comunidades locales.