Quito aprueba la tercera placa para control vehicular y modernización del tránsito

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó este martes 6 de enero de 2026 la ordenanza que regula la implementación del Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular (DEIV), conocido popularmente como la “tercera placa”, una medida orientada a fortalecer el control del tránsito y modernizar la gestión de la movilidad en la capital ecuatoriana.

La normativa fue avalada con 20 votos a favor y establece el marco legal para la incorporación de este dispositivo tecnológico en los vehículos que circulan en el Distrito Metropolitano de Quito.

¿Qué es y cómo funciona?

El DEIV es un tag electrónico que se colocará en el parabrisas de los vehículos y funcionará como un identificador digital similar a los dispositivos utilizados en peajes urbanos. Según las autoridades, solo contendrá la placa y el número de chasis, sin vincularse con la ubicación geográfica del vehículo ni permitir el rastreo de recorridos individuales, en respeto a la protección de datos personales.
La tecnología emplea radiofrecuencia (RFID) y códigos QR para permitir la identificación remota en puntos de control, tanto fijos como móviles, que podrán servir para diversas funciones de gestión del tránsito y transporte.

Obligación, plazos y alcances

La ordenanza señala que la tercera placa deberá ser instalada obligatoriamente en los vehículos que:

• Se presenten a la Revisión Técnica Vehicular en Quito.
• Se matriculen por primera vez en el Distrito Metropolitano.

Para los vehículos matriculados en otros cantones, la colocación será de carácter voluntario.

Una vez aprobada la ordenanza, el Municipio tiene 30 días para definir el modelo de gestión operativo y técnico del sistema. Tras ello se iniciará el proceso de contratación pública, que podría tomar alrededor de tres a cuatro meses.

Las autoridades estiman que la implementación progresiva del sistema pueda comenzar en el segundo semestre de 2026, aunque aún no hay una fecha exacta de inicio.

Inversión y sanciones

La ejecución del proyecto fue estimada inicialmente en aproximadamente 5 millones de dólares, recurso que se destinará a la adquisición de tecnología, infraestructura de lectura y desarrollo de sistemas de gestión.

La normativa también contempla un régimen sancionatorio para quienes alteren, falsifiquen o utilicen indebidamente el dispositivo, con multas graduales según la gravedad de la infracción.