Prisión preventiva para seis familiares de alias ‘Fito’ por presunto lavado de activos

El 3 de junio de 2025, un juez de garantía dictó prisión preventiva contra seis familiares de alias ‘Fito’, presunto líder de la organización criminal Los Choneros, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. La decisión se tomó luego de una audiencia en la que la Fiscalía General del Estado presentó indicios que vinculan a los detenidos con la gestión y movilización de recursos económicos de origen ilícito.

Según el Ministerio Público, los seis familiares son investigados por supuestamente facilitar y encubrir operaciones financieras que habrían servido para blanquear dinero obtenido a través de actividades delictivas atribuidas a Los Choneros, una de las organizaciones criminales más activas y violentas en la costa ecuatoriana. Entre las supuestas maniobras investigadas están transferencias bancarias, compras de bienes inmuebles y empresas fachada que habrían permitido legitimar el capital ilícito.

La Fiscalía detalló que la investigación se inició tras un análisis financiero y patrimonial realizado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que detectó movimientos sospechosos vinculados a estas personas. Además, las autoridades realizaron operativos simultáneos para capturar a los implicados y asegurar bienes relacionados con el caso.

Durante la audiencia, el juez valoró los elementos de convicción presentados, como informes bancarios, seguimientos de cuentas y testimonios, y determinó que la prisión preventiva es necesaria para garantizar la presencia de los investigados en el proceso y evitar la posible destrucción de pruebas o fuga.

Los seis familiares permanecen detenidos en un centro carcelario mientras continúa la investigación y se avanzan en los procesos judiciales correspondientes. La Fiscalía anunció que continuará con las diligencias para desarticular las redes financieras que respaldan a Los Choneros, y advirtió que se intensificarán las acciones contra estructuras criminales que operan en el país.

Este caso forma parte de una serie de operativos y procesos judiciales que buscan debilitar las bases económicas de las organizaciones delictivas que afectan la seguridad y la economía en Ecuador. Las autoridades también han puesto especial énfasis en el seguimiento y control de activos sospechosos para evitar su reinversión en actividades ilegales.