Paro nacional 2025 entra en punto de quiebre: Gobierno anuncia militarización total e indígenas niegan violencia
Publicado por caskabeldigital el octubre 15, 2025
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, advirtió que el paro debe terminar “hoy”, mientras la CONAIE insiste en que las movilizaciones son pacíficas. El conflicto social cumple tres semanas y el Gobierno prepara la militarización completa de Imbabura.
El paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) atraviesa su momento más tenso. Tras tres semanas de bloqueos y enfrentamientos, el Gobierno anunció la militarización total de Imbabura, mientras los líderes indígenas rechazan las acusaciones de violencia y mantienen su demanda central: revertir la eliminación del subsidio al diésel.
“El paro debe acabarse hoy”: mensaje del Gobierno
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, declaró que el Ejecutivo ha agotado todas las vías de diálogo con las bases indígenas. “En Imbabura se han agotado las posibilidades. Desde este 14 de octubre, las carreteras se abrirán y se despejará toda ciudad de manifestantes agresivos y violentos”, afirmó en entrevista con Ecuavisa.
La funcionaria insistió en que el Gobierno no puede “seguir exponiendo a la población a los riesgos” derivados de los cierres y anticipó un operativo conjunto de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para restablecer la movilidad en la zona norte.
La respuesta de la CONAIE: “Nunca hubo intención de violencia”
Desde la organización indígena, el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, respondió mediante un video difundido en la red X:
“Mujeres, jóvenes, estudiantes, barrios, organizaciones sociales y pueblos caminaron con dignidad. Nunca hubo intención de tomar Quito con violencia ni incendiar la ciudad”.
El movimiento indígena reafirmó que las marchas del 12 de octubre, en conmemoración del Día de la Resistencia, fueron pacíficas y simbólicas, y rechazó los intentos de “criminalizar la protesta social”.
Por su parte, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anunció nuevas movilizaciones el 15 de octubre en Guayaquil, reforzando el carácter nacional del paro.
Acusaciones de infiltración y financiamiento ilegal
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, sugirió que grupos vinculados a la minería ilegal estarían financiando las protestas violentas. “Tenemos sospechas de que estos grupos armados organizados están dando dinero a los manifestantes más radicales”, declaró.
El Gobierno desplegó 300 efectivos en la zona de Buenos Aires, conocida por su actividad minera, con el fin de “mantener el control y evitar la expansión de los focos violentos”.
El ministro del Interior apunta a Quito
En paralelo, el ministro del Interior, John Reimberg, denunció que un grupo “tenía la misión de ingresar y destruir Quito”. Según dijo, manifestantes se habrían refugiado en la Casa de la Cultura y la Universidad Central, lo que calificó como “una estrategia para ocultar a personal violento”.
El alcalde de la capital, Pabel Muñoz, respondió señalando “excesos de la fuerza pública” y ofreció que Quito sea “espacio de diálogo”, postura que Reimberg criticó al considerar que “defiende a quienes intentaron causar desmanes”.
Contexto político: tensión previa al referéndum
El paro nacional se desarrolla a menos de un mes del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre, un proceso clave para el Gobierno de Daniel Noboa, que busca respaldo político en temas de seguridad y economía.
La prolongación de las protestas, los bloqueos en Imbabura y la polarización entre Ejecutivo e indígenas configuran el escenario más complejo desde las protestas de 2022.
El conflicto ha entrado en una fase de endurecimiento, con un discurso oficial centrado en el orden público y un movimiento indígena que apela a la legitimidad de la resistencia.
Entre la militarización y la narrativa de paz, Ecuador parece encaminado hacia un nuevo pulso político cuyo desenlace dependerá de la capacidad de ambas partes para restablecer el diálogo antes de la consulta de noviembre.