Noboa termina el Estatuto Migratorio con Venezuela tras 15 años

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 123 el 12 de septiembre de 2025, denunciando en todo su contenido el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela, vigente desde 2010 y formalizado en 2011. Con esta decisión, el Gobierno ecuatoriano pone fin a un acuerdo que durante 15 años permitió procesos más flexibles de ingreso y residencia a los ciudadanos venezolanos que, en muchos casos, llegaron huyendo de la profunda crisis política, económica y social de su país.

El trámite para denunciar el Estatuto había comenzado en marzo de este año, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores informara sobre recortes y suspensiones de varias fuentes de financiamiento internacional que apoyaban los programas migratorios. En agosto, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional respaldó esta medida y recomendó su aprobación al Pleno, que finalmente dio luz verde para que Noboa firmara el decreto que oficializó el fin del acuerdo.

Con la entrada en vigor de la medida, desde el 1 de septiembre de 2025, todos los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar a Ecuador deberán obtener la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte, lo que significa que ya no contarán con los beneficios del estatuto migratorio y estarán sujetos al régimen general, considerado más estricto y con mayores requisitos. Esto afecta directamente a quienes buscaban establecerse en el país en busca de estabilidad, empleo o reunificación familiar.

Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el Gobierno se argumenta que la decisión responde a la necesidad de reforzar el control migratorio, mejorar la seguridad y garantizar que las políticas migratorias se ajusten a la realidad presupuestaria del Estado. Según voceros oficiales, el Ecuador no puede sostener indefinidamente un régimen de beneficios especiales sin el respaldo financiero adecuado, por lo que se priorizó un marco más regulado.

En contraste, organizaciones de derechos humanos y colectivos de migrantes advierten que esta medida podría dejar en condición irregular a miles de venezolanos que ya residían en el país o que tenían previsto ingresar bajo las condiciones previas. Temen que el acceso a derechos fundamentales como salud, educación, vivienda y empleo formal se vea restringido, profundizando la vulnerabilidad de una población que ya enfrenta dificultades de integración. Algunos analistas señalan que la eliminación del estatuto puede incrementar la migración irregular, pues muchas personas buscarán entrar al país sin cumplir con los nuevos requisitos de visa.

Este cambio en la política migratoria abre un nuevo escenario para Ecuador. Por un lado, busca fortalecer sus mecanismos de control y aliviar presiones presupuestarias; por otro, enfrenta el reto de gestionar un flujo migratorio que no se detiene y que requiere respuestas humanitarias, seguras y sostenibles. El futuro de miles de venezolanos en el país dependerá ahora de cómo se implementen los nuevos procesos y de si el Gobierno plantea medidas de transición que eviten que la población migrante quede en un limbo legal y social.

Con el Decreto Ejecutivo 123, Noboa marca un punto de inflexión en la política migratoria ecuatoriana, en un contexto en el que el país se convierte no solo en lugar de paso, sino también en destino para miles de personas que buscan reconstruir sus vidas lejos de la crisis venezolana.