Noboa amplía el estado de excepción y decreta toque de queda en ocho provincias

El presidente de la República, Daniel Noboa, decidió extender el estado de excepción declarado el 16 de septiembre a la provincia de Chimborazo, lo que eleva a ocho el número de provincias bajo esta medida extraordinaria. La decisión se oficializó mediante el Decreto Ejecutivo 146, que tendrá una vigencia de 60 días y se suma a la declaratoria previa que ya alcanzaba a Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo.

El gobierno argumenta que en estas provincias existe una grave conmoción interna, producto de las movilizaciones y bloqueos de carreteras que se intensificaron tras el anuncio de la eliminación del subsidio al diésel. Según el Ejecutivo, los cierres viales han afectado de manera directa el derecho al libre tránsito, así como el normal desarrollo de actividades laborales, comerciales y productivas.

Entre las principales disposiciones está la suspensión de la libertad de reunión en espacios públicos, así como la restricción de movilidad en cinco provincias específicas: Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Bolívar y Carchi, donde regirá un toque de queda entre las 22:00 y las 05:00. Durante ese lapso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán realizar controles más estrictos y dispersar concentraciones que consideren una amenaza a la seguridad.

La decisión del presidente Noboa responde de forma directa a la convocatoria a un paro nacional indefinido realizada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Este movimiento indígena, junto a organizaciones sociales y transportistas, rechaza el fin del subsidio al diésel por considerar que impacta de manera directa en los sectores más vulnerables y eleva los costos de transporte y producción agrícola.

Desde el oficialismo, la narrativa se centra en la necesidad de restablecer el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, la medida no está exenta de polémica, pues diversos colectivos han advertido que podría derivar en abusos de autoridad y vulneraciones a los derechos humanos, al limitar libertades como la protesta pacífica o la libre circulación.

El escenario abre una nueva etapa de tensión en el país: mientras el gobierno busca sostener su plan económico y enfrentar la crisis fiscal, los movimientos sociales advierten que mantendrán la presión en las calles hasta lograr la derogatoria del decreto que eliminó el subsidio. El desenlace dependerá de la capacidad del Ejecutivo para equilibrar la seguridad con el diálogo y de la fuerza que puedan sostener las movilizaciones en los próximos días.