Municipio de Guayaquil rechaza suspensión de obra en Los Ceibos y anuncia batalla legal

El Municipio de Guayaquil anunció que iniciará acciones legales contra la decisión de la Prefectura del Guayas, que el mismo día ratificó la suspensión provisional de la construcción del paso elevado vehicular en la intersección de la avenida del Bombero y la avenida Leopoldo Carrera, en el sector de Los Ceibos. Además, la Prefectura abrió un proceso administrativo sancionador en contra del cabildo porteño, generando una disputa institucional de alto impacto para la ciudad.

El alcalde Aquiles Álvarez Henriques calificó la medida como una decisión “política, sin sustento técnico ni jurídico” y acusó a la prefecta Marcela Aguiñaga de revocar un permiso ambiental emitido por la misma Prefectura sin una base válida. “Violaron la Constitución y los derechos adquiridos del Municipio”, señaló el burgomaestre, quien insistió en que no permitirá que “intereses ajenos a Guayaquil” frenen proyectos estratégicos de movilidad urbana.

Por su parte, la Prefectura del Guayas defendió su resolución argumentando que un informe del Ministerio del Ambiente, emitido el 23 de julio, reclasificó el proyecto como de alto impacto ambiental, lo que exige una licencia ambiental y no únicamente un registro. Según la institución, el Municipio habría proporcionado información incompleta o incorrecta, lo que motivó la apertura del procedimiento administrativo sancionador.

El coordinador legal del Municipio, David Norero, respondió que la resolución de la Prefectura “carece de motivación” y no está respaldada por pruebas técnicas ni peritajes. Recordó que el proyecto ya contaba con un registro ambiental aprobado por la Prefectura en octubre de 2023, lo que, según él, genera derechos contractuales adquiridos. Además, cuestionó que, en obras similares —como los pasos elevados en las avenidas de las Américas y Juan Tanca Marengo—, solo se haya requerido un certificado ambiental y no una licencia, evidenciando criterios contradictorios.

El proceso legal otorgado por la Prefectura establece un plazo de 10 días para que el Municipio presente sus descargos, y otros 10 días adicionales para aportar pruebas. Si las justificaciones no son aceptadas, la infracción podría ser calificada como “muy grave” y derivar en sanciones administrativas y económicas. Ante este escenario, el cabildo también evalúa acudir al Tribunal Contencioso Administrativo para revertir la medida y reactivar la obra.

La suspensión genera incertidumbre para los habitantes de Los Ceibos y zonas aledañas, que consideran el proyecto de USD 15,4 millones —financiado por la CAF— como una solución necesaria para reducir el tráfico en el norte de Guayaquil. Según expertos consultados, una paralización prolongada podría incrementar los costos de ejecución y retrasar la entrega de una obra clave para la movilidad urbana.

La Prefectura, por su parte, sostiene que no actúa bajo motivaciones políticas y que su única obligación es garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental. “No hay bandos, solo proceso”, aseguró la prefecta Aguiñaga, mientras el Municipio insiste en que la ciudad no debe pagar el precio de una disputa institucional que podría judicializarse en los próximos días.