Ley de fundaciones en ecuador: Entre la transparencia financiera y el riesgo de persecución

El Gobierno de Daniel Noboa impulsa un proyecto de ley para regular a las organizaciones de la sociedad civil. Aunque aún no se conoce el contenido oficial, su anuncio ha generado inquietud entre organizaciones de derechos humanos y ambientales, que advierten posibles restricciones al derecho de asociación.

En medio de una creciente atención a la transparencia financiera, el presidente Daniel Noboa anunció el envío a la Asamblea Nacional del proyecto de Ley Orgánica de Fundaciones con carácter económico urgente. El mandatario sostiene que algunas organizaciones sin fines de lucro operan como canales de ingreso de fondos ilícitos vinculados al narcotráfico y otros delitos. “En Ecuador se usan fundaciones para desestabilizar el país sin ningún tipo de control de la UAFE”, declaró Noboa en entrevista con radio Sucre.

El anuncio se da luego de que en junio la Secretaría de Integridad Pública difundiera la Estrategia de Integridad para OSC/ONG, donde se advertía sobre privilegios como exenciones tributarias o acceso a fondos públicos. El documento ya requería a las organizaciones rendir cuentas anualmente a través del SUIOS.

Mónica Jaramillo, abogada y presidenta del Observatorio Control Ciudadano, considera necesaria una ley que brinde seguridad jurídica, pero advierte sobre el riesgo de persecución bajo precedentes del correísmo: “Durante esos años, se disolvieron entidades que defendían derechos humanos, como el Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro”.

Desde Fundamedios, su director César Ricaurte apoya la existencia de una normativa clara: “La transparencia es clave, pero esta ley no debe menoscabar el derecho a la libertad de asociación. El Estado ya cuenta con herramientas legales para perseguir el lavado de activos”.

El movimiento ambientalista también ha reaccionado. Ricardo Buitrón, de Acción Ecológica, denunció que la ley podría usarse para silenciar críticas al Gobierno. “Nos preocupa que se pretenda controlar a las organizaciones bajo un discurso de seguridad mientras se debilitan instituciones ambientales”.

El texto del proyecto no ha sido publicado, pero se prevé su entrega este 29 de julio. En paralelo, diversas organizaciones han convocado a una asamblea socioambiental permanente y anuncian un pronunciamiento conjunto el 30 de julio.