Gobierno de Ecuador avanza con proceso legal contra Progen y solicita garantías por proyecto térmico Quevedo

Tras el rechazo judicial a las medidas cautelares solicitadas por la empresa Progen para frenar la terminación de contratos relacionados con las centrales térmicas El Salitral y Quevedo, el Gobierno ecuatoriano continúa con el proceso legal para exigir garantías y buscar una reparación económica al Estado.

La ministra de Energía, Inés Manzano, anunció este lunes que se iniciará el pedido de ejecución de la garantía correspondiente al proyecto Quevedo, como parte de las acciones legales tras haber ganado los dos procesos de arbitraje internacionales relacionados con esos contratos. “Hoy estamos solicitando la primera garantía, la de Quevedo. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Que sea un ejemplo para quienes creen que vienen a Ecuador a tomar el pelo”, expresó la ministra durante una entrevista en el programa Visionarias.

Manzano aseguró que los anticipos otorgados en su momento para estos proyectos ya han sido recuperados en su mayoría, mediante la ejecución de obra civil y la entrega de equipos y maquinarias. La funcionaria también confirmó que se ha presentado una denuncia penal contra los responsables de los procesos firmados con Progen, y que la Contraloría General del Estado ya ha elaborado borradores de informes que analizan las irregularidades en dichos contratos.

La terminación de los contratos con Progen se enmarca en el proceso de depuración y revisión de convenios suscritos en el pasado, muchos de los cuales han sido observados por falta de transparencia, demoras en ejecución o incumplimiento de condiciones contractuales.

En el mismo espacio televisivo, la ministra también se refirió al campo petrolero Sacha, cuya operación iba a ser entregada al consorcio chino-canadiense Sinopetrol, integrado por las empresas Amodaimi Oil Company (subsidiaria de la estatal china Sinopec) y Petrolia Ecuador (subsidiaria de la canadiense New Stratus Energy). Sin embargo, el contrato fue dejado sin efecto luego de que el consorcio no entregara la prima de $1.500 millones dentro del plazo establecido.

Según Manzano, hasta el momento el consorcio no ha mostrado un nuevo interés formal, pero el Gobierno analiza la posibilidad de establecer una negociación directa Gobierno a Gobierno, a fin de encontrar una alternativa viable. La ministra indicó que, una vez que exista una oferta en firme, se podrá iniciar un nuevo proceso para la adjudicación del campo petrolero.