Ecuador debate apertura a bases militares extranjeras en su territorio

La Asamblea Nacional continúa el debate sobre una reforma constitucional que permitiría el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, en el marco de una estrategia más amplia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Aunque no se trata de un hecho ocurrido en las últimas horas, el tema sigue vigente en la agenda legislativa y ha generado un intenso debate político y social en el país.

La propuesta contempla la modificación del artículo 5 de la Constitución, que actualmente prohíbe expresamente la instalación de bases extranjeras, salvo en situaciones excepcionales y temporales. De aprobarse la reforma, Ecuador podría permitir la presencia de tropas o instalaciones militares extranjeras de forma más permanente, bajo acuerdos bilaterales con fines estratégicos.

Entre las posibilidades que se analizan está el eventual establecimiento de una base militar de Estados Unidos, lo cual ha despertado reacciones tanto de apoyo como de rechazo. Sus defensores argumentan que se trata de una medida necesaria para fortalecer la capacidad del Estado frente a redes transnacionales del narcotráfico que operan con creciente violencia y sofisticación. Sus críticos, en cambio, advierten sobre una posible pérdida de soberanía y el riesgo de tensiones diplomáticas en la región.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de consulta previa, paso obligatorio antes de su eventual sometimiento a un referéndum popular, según lo establecido en la ley. Si supera esta etapa, la ciudadanía ecuatoriana tendría la última palabra sobre si se permite o no el ingreso de fuerzas armadas extranjeras de manera permanente en el país.

El debate ocurre en un contexto marcado por un repunte de la violencia y la inseguridad, con cifras récord de homicidios, masacres carcelarias y expansión del crimen organizado. En ese escenario, el gobierno ha buscado reforzar alianzas internacionales y desplegar medidas extraordinarias para contener la crisis.

Se espera que las próximas semanas sean claves para definir el rumbo de esta reforma, en medio de una creciente presión social y política tanto a favor como en contra de la iniciativa.