Condenan a 13 años de prisión a Dalton Narváez y Alexandra Arce por peculado en contratos de agua potable en Durán

La justicia ecuatoriana sentenció a 13 años de prisión a Dalton Narváez y Alexandra Arce, exalcaldes del cantón Durán, tras declararlos culpables del delito de peculado en el manejo de contratos relacionados con el servicio de agua potable, uno de los problemas históricos más sensibles del cantón.

Según lo determinado en el proceso judicial, ambos exfuncionarios participaron en irregularidades en la administración de recursos públicos, vinculadas a contratos que debían garantizar el acceso al agua potable para la población, pero que terminaron beneficiando intereses ajenos al bienestar ciudadano. El tribunal concluyó que existió un uso indebido de fondos del Estado, configurando uno de los casos más graves de corrupción municipal en los últimos años.

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia incluye sanciones económicas y la pérdida de derechos políticos, lo que inhabilita a Narváez y Arce para ejercer cargos públicos. La decisión judicial marca un precedente en un cantón golpeado por décadas de denuncias por mala gestión, obras inconclusas y servicios básicos deficientes.

El caso genera especial indignación debido a que el agua potable ha sido una demanda permanente de los habitantes de Durán, muchos de los cuales aún enfrentan racionamientos, mala calidad del servicio y altos costos. Para sectores ciudadanos y analistas, la condena confirma que la corrupción no solo vacía las arcas públicas, sino que impacta directamente en la calidad de vida de miles de personas.

La sentencia ha reavivado el debate sobre la responsabilidad penal de las autoridades locales, el control de los contratos municipales y la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización para evitar que recursos destinados a servicios básicos terminen convertidos en botín político.

Con este fallo, la justicia envía un mensaje claro: los delitos contra el erario público, especialmente aquellos que afectan derechos esenciales, no quedan en la impunidad, aunque el desafío pendiente sigue siendo recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.