Noboa insiste en nueva consulta popular con siete preguntas: seguridad, control político y casinos en debate

El presidente Daniel Noboa presentó a la Corte Constitucional (CC) un nuevo paquete de siete preguntas para ser incluidas en una consulta popular y referendo, tras el rechazo previo a varias de sus propuestas por falta de claridad y sustento jurídico.

Con estas iniciativas, Noboa busca fortalecer su agenda de seguridad y reformas institucionales. Sin embargo, el cronograma electoral vuelve a estar en riesgo: mientras el Ejecutivo aspira a que la consulta se realice el 30 de noviembre de 2025, los plazos legales de análisis de la CC y del Consejo Nacional Electoral (CNE) podrían extenderse más allá de esa fecha.

La única pregunta que ya superó el control constitucional es la que autoriza la instalación de bases militares extranjeras en el país, actualmente en trámite en el CNE. No obstante, el organismo electoral ha advertido que dividir los procesos podría generar complicaciones logísticas y legales.

Los ejes del referendo

De las siete nuevas propuestas, cuatro implican reformas constitucionales:

1. Registro de violadores: crear un sistema confidencial con datos de sentenciados por violación a menores, limitado al control de actividades relacionadas con la niñez.
2. Votos en la Corte Constitucional: exigir una mayoría de seis jueces para declarar inconstitucionales leyes, decretos de excepción o consultas impulsadas por el Presidente.
3. Procesos penales expeditos: incluir delitos como extorsión y robo en procedimientos judiciales rápidos, argumentando el repunte de la extorsión en 205 % entre 2022 y 2024.
4. Designación de autoridades de control: quitar al Consejo de Participación Ciudadana esa facultad y entregarla a la Asamblea Nacional, mediante procesos de méritos y veeduría ciudadana.

Las preguntas de consulta popular

Otras tres interrogantes se centran en cambios legales puntuales:

• Casinos y salas de juego: permitir su operación en hoteles de cinco estrellas bajo regulación de la Asamblea, sin incluir ya el impuesto del 25 % planteado antes.
• Imagen de sentenciados por corrupción: prohibir que condenados por delitos contra la administración pública utilicen su nombre, voz o imagen en campañas políticas o promocionales.
• Nueva Ley de Garantías Constitucionales: ordenar la expedición de una norma para regular el funcionamiento de la CC, con plazos de 10 días para enviar el proyecto y 60 días para que la Asamblea lo tramite.

El Gobierno argumenta que estas reformas buscan reforzar la seguridad, limitar bloqueos institucionales y modernizar la justicia, mientras opositores y analistas advierten riesgos de concentración de poder y de vulneración de la independencia de funciones del Estado.

Por ahora, todo depende del análisis de la Corte Constitucional, que ya ha señalado la fragmentación de las propuestas como un posible intento de “conveniencia política”. El futuro del referendo, y del propio calendario electoral, se definirá en las próximas semanas.