Cámara de Minería demanda a la Corte Constitucional por tasa “confiscatoria”

La Cámara de Minería del Ecuador (CME) presentó este miércoles una demanda de inconstitucionalidad contra la nueva tasa de fiscalización minera impuesta por la Agencia de Regulación y Control de Recursos No Renovables (Arcom). Según el gremio, esta medida afecta gravemente a empresas en etapa de exploración, al obligarlas a pagar sumas millonarias sin generar ingresos. “Esta no es una tasa, es un impuesto encubierto que viola principios constitucionales como la proporcionalidad y la equidad”, denunció el abogado Emilio Suárez.

La presidenta de la CME, María Eulalia Silva, advirtió que algunos proyectos ya han suspendido operaciones por falta de liquidez. “Un proyecto de mediana minería con 7.800 hectáreas tendría que pagar USD 1,4 millones mensuales. Esto no es sostenible ni para las grandes empresas”, explicó. A pesar de que el Gobierno defiende la tasa como una medida para financiar la lucha contra la minería ilegal, el sector insiste en que su implementación no pasó por la Asamblea y, por lo tanto, no es legal.

La demanda solicita que la Corte suspenda de inmediato el cobro, cuyo primer vencimiento es el 31 de julio. Según Suárez, la acción también busca evitar que Arcom continúe con los procesos coactivos iniciados. “No se puede seguir exigiendo un pago que nace de una norma inconstitucional. Esto afecta la seguridad jurídica del país y ahuyenta la inversión extranjera”, concluyó.